El Presidente Gustavo Petro firmó una nueva norma que elimina las condiciones para entregar esquemas de seguridad en el país, especialmente de aquellos que fueron funcionarios públicos, es decir, que ya no están en sus cargos, y sin embargo contaban con aparato de seguridad estatal, tanto de armas, personal y vehículos.

Con esta decisión el actual mandatario modifica un decreto que había dejado el entonces Presidente Iván Duque, que disponía dotar de esquema de protección automático a todos aquellos funcionarios que hicieron parte del Consejo de Seguridad Nacional o que hayan avalado extradiciones.

El decreto de Duque precisaba que la Unidad Nacional de Protección manifestó desde el mes de febrero, que “exservidores públicos que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, deben recibir la protección no por ostentar un cargo, sino por ser víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo, determinado mediante el respectivo estudio de evaluación de riesgo”.

El nuevo decreto deja sin esquema de seguridad a exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional, el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, el jefe de gabinete, entre otros.

También se elimina el numeral que habla de asignación de medidas de protección en razón del riesgo a “líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.”

Al respecto, señaló la UNP que los líderes religiosos: "Pueden enmarcarse según el rol que ejercen en pro de la comunidad, tales como líderes sociales, defensor de derechos humanos, líderes de víctimas, líder de comunidades étnicas, entre otros”.

En el decreto firmado ahora por Petro se establece un régimen de transición, de tal forma que para aquellas personas que hayan recibido protección tras el decreto de Duque, dentro de los 10 días siguientes se deberá realizar una revaluación del nivel del riesgo para ajustar sus esquemas o “de considerarse que no existe ese riesgo, dar por terminadas las medidas de protección”.